Bancos públicos y privados manifestaron un enérgico rechazo al Artículo 35 del proyecto de reforma laboral, que habilita a las billeteras virtuales a recibir el pago de haberes. Las entidades financieras sostienen que la medida, que será tratada en el Congreso el 10 de febrero, pondría en riesgo la liquidez del sistema bancario y la capacidad de otorgar crédito productivo.

En su intervención ante el plenario de Trabajo y Presupuesto del Senado, representantes del sector advirtieron que las cuentas sueldo bancarias son una fuente estable y barata de financiamiento para préstamos de inversión, consumo y pymes. Hoy existen alrededor de 10 millones de cuentas sueldo que, según estimaciones del sector, podrían redistribuirse entre más de 60 bancos y unas 200 billeteras habilitadas por el Banco Central si prospera la reforma.

Los bancos subrayan que las cuentas sueldo actuales son 100% gratuitas, cuentan con cobertura de seguros de depósito y operan bajo estándares prudenciales (encajes, presentación de estados financieros, supervisión y requisitos de sucursales) exigidos por el regulador. En cambio, las billeteras digitales —como proveedores de servicios de pago— no están sujetas a las mismas reglas, no requieren encaje y derivan saldos a fondos comunes de inversión (FCI) donde el encaje puede ser del 100%, lo que, según el sector, elimina la capacidad de financiar a empresas y consumidores.

Los representantes bancarios alertaron además sobre un riesgo de estabilidad operativa: si los usuarios migran masivamente sus sueldos a billeteras y esas cuentas operan con saldos volcados a FCI, una retirada simultánea de efectivo obligaría a desarmar posiciones en esos fondos y podría congestionar el sistema de pagos. La metáfora utilizada por el sector fue la posibilidad de un "primer corralito digital" si los flujos no se gestionan con las mismas reglas que el sistema bancario.

El argumento central de los bancos es la necesidad de igualdad regulatoria: si dos actores ofrecen servicios equivalentes —recepción y custodia de fondos derivados de la masa salarial— deberían regirse por las mismas exigencias prudenciales para evitar arbitraje regulatorio. Desde la visión bancaria, el ingreso de cuentas sueldo al ecosistema de las billeteras reduce el volumen de depósitos disponibles para transformarse en créditos, lo que potencialmente encarece y reduce la oferta crediticia.

El debate también expone diferencias de modelo de negocio. Las billeteras digitales ofrecen cuentas remuneradas con tasas atractivas —en algunos casos alrededor del 22% TNA— y mayor flexibilidad para el usuario, lo que incentiva la migración de saldos. Para muchos bancos, replicar esos esquemas exige reestructuraciones costosas que afectan su rentabilidad. Además, el costo operacional de mantener la red de cajeros y la distribución de efectivo en zonas remotas recae sobre las entidades, un gasto que las billeteras no afrontan por no contar con sucursales ni cajeros.

Especialistas y asociaciones del sector financiero remarcaron que el sistema es abierto y que aquellas fintech que cumplan los requisitos del Banco Central pueden obtener licencias bancarias. No obstante, insistieron en que la mayor laxitud regulatoria fuera del perímetro bancario puede generar riesgos no detectados a tiempo por los supervisores, citando casos recientes de problemas en entidades más débiles.

Desde la posición institucional, la solicitud al Congreso fue clara: votar en contra del Artículo 35 o, en su defecto, garantizar que las billeteras que reciban pagos de haberes se sometan a requisitos prudenciales equivalentes a los del sistema bancario. Los bancos sostienen que preservar la estabilidad financiera y la capacidad de crédito es clave para el financiamiento de la producción y el empleo.

Implicancias: si prosperara la habilitación sin marcos equivalentes, podría reducirse la liquidez disponible para créditos, modificar la estructura de financiamiento de empresas y consumidores, y afectar la provisión de efectivo y servicios bancarios en el interior del país. A su vez, la disputa coloca en el centro la necesidad de actualizar la regulación frente a la competencia fintech, equilibrando innovación y supervisión para proteger depósitos y la estabilidad financiera.

El rechazo de los bancos agrava la disputa entre actores tradicionales y plataformas digitales por el control del flujo de salarios y abre un debate regulatorio que el Congreso deberá dirimir: potenciar la inclusión financiera y la competencia tecnológica o preservar las garantías y la capacidad crediticia del sistema bancario mediante mayor regulación para todos los actores que manejan fondos de terceros.