Inocencia fiscal: proyecto busca sacar dólares del colchón
By Redacción Top Noticias Arg

Inocencia fiscal: proyecto busca sacar dólares del colchón

El Congreso dio ayer por la madrugada media sanción al proyecto oficial denominado Régimen de Principio de Inocencia Fiscal, una reforma tributaria que busca cambiar la filosofía del régimen fiscal y atraer ahorros informales al sistema formal. La iniciativa pretende que los contribuyentes puedan disponer con mayor previsibilidad de sus pesos y dólares, reduciendo la sensación de “riesgo penal permanente” que, según el Gobierno, desalienta el uso de medios formales.

Principales cambios - Umbrales penales: se elevarían los límites que disparan la acusación penal por evasión. La evasión simple pasaría de $1,5 millones a $100 millones; la agravada, de $15 millones a $1.000 millones; y delitos vinculados a facturas apócrifas se ajustarían de $1,5 millones a $100 millones. - Extinción de la acción penal: se plantea que pagar la deuda tributaria total (capital e intereses) antes de una denuncia extinga la acción penal. Si ya existe imputación, bastaría pagar la deuda y un 50% adicional dentro de 30 días para que se archive la causa. - Multas actualizadas: las sanciones se reponderarían con tres ceros. Ejemplos citados indican que multas actuales de $200 y $400 pasarían a representar $220.000 y $440.000 respectivamente. - Prescripción y plazos: la prescripción general para exigir impuestos sería de cinco años; se reduciría a tres años si la declaración fue presentada en término sin discrepancias significativas (definidas en al menos 15% de diferencia o cuando no supere el umbral penal). Para no inscriptos, el plazo subiría a diez años. - Régimen simplificado de Ganancias: aplicaría a personas humanas y sucesiones indivisas con ingresos menores a $1.000 millones y patrimonios por debajo de $10.000 millones. La aceptación y pago de la declaración propuesta por el régimen tendría efecto liberatorio y cerraría el período fiscal. Hasta ahora 15.970 contribuyentes se adhirieron.

Contexto y objetivos La reforma busca desplazar una lógica considerada “persecutoria” hacia una basada en la presunción de inocencia fiscal, con el propósito de que los argentinos dejen de mantener activos fuera del sistema y vuelvan a consumir o invertir. Para acompañar esa señal, a fines de mayo se eliminó también una docena de regímenes de información con el objetivo de facilitar pagos con tarjeta y depósitos sin que esa información derive automáticamente en fiscalizaciones intrusivas.

Reacciones y advertencias Especialistas consultados valoran los cambios por su potencial para bajar la litigiosidad y concentrar la persecución en grandes evasores, además de actualizar montos que no se tocaban hace casi una década. Sin embargo, advierten que el impacto real dependerá de la consistencia administrativa: si la normativa no viene acompañada de menor discrecionalidad, menor costo de cumplimiento y señales de estabilidad, el efecto sobre la informalidad será limitado. También preocupa que las multas por omisiones formales resulten excesivas y castiguen a contribuyentes que en muchos casos no tienen montos a declarar.

Estado del trámite La iniciativa cuenta con media sanción de Diputados y ahora deberá ser debatida en el Senado. Si se convierte en ley, los especialistas coinciden en que su éxito para recuperar ahorros del “colchón” estará condicionado a la credibilidad y previsibilidad del sistema: los ciudadanos aportarán sus fondos al circuito formal sólo si confían en que las reglas no cambiarán de forma retroactiva ni se usarán los datos para persecuciones futuras.

Conclusión El proyecto de Inocencia Fiscal plantea cambios estructurales en el régimen tributario con el objetivo de incentivar la formalidad y facilitar la regularización voluntaria. Eleva umbrales penales, introduce mecanismos de extinción de la acción penal mediante pago, actualiza sanciones y crea un régimen simplificado de Ganancias. Su eficacia económica y social dependerá, según expertos, de la implementación efectiva, la reducción de costos administrativos y la señal de estabilidad que transmita el Estado.

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