El Gobierno nacional informó la detección de 178.000 Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) que figuraban activos a nombre de personas fallecidas, luego de un cruce de datos entre registros oficiales. Ante el hallazgo, las autoridades ordenaron la baja inmediata de esos certificados y pidieron una investigación interna en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), actualmente bajo intervención.

La irregularidad surgió durante un proceso de reordenamiento y auditoría integral del organismo, que apuntó a identificar inconsistencias administrativas y ordenar la gestión de prestaciones. El Ejecutivo indicó que, además de la depuración de registros, se evaluará iniciar acciones judiciales contra quienes continuaron percibiendo beneficios ligados al CUD y contra prestadores que habrían facturado servicios a personas fallecidas, lo que podría constituir una presunta defraudación al Estado.

Según el informe oficial, el cruce de bases de datos detectó certificados vigentes a nombre de fallecidos, una verificación que debería haberse realizado con anterioridad como control básico para evitar pagos indebidos. La omisión de ese procedimiento forma parte de la evaluación sobre la gestión previa de la agencia y motivó la profundización de la auditoría.

El Gobierno anunció además la ejecución de un segundo cruce de información orientado a identificar prestadores que declararon haber prestado servicios a beneficiarios ya fallecidos. Con esos datos se analizará la presentación de denuncias penales para determinar responsabilidades y recuperar eventuales perjuicios al erario público.

El Certificado Único de Discapacidad es un documento público y gratuito que acredita la discapacidad y habilita el acceso a prestaciones de salud, transporte gratuito, asignaciones familiares y otras coberturas en todo el país. El CUD se otorga tras evaluación por una Junta Interdisciplinaria y, si bien no posee un vencimiento fijo, requiere actualizaciones periódicas que actualmente están prorrogadas.

La detección de certificados activos a nombre de personas fallecidas puso en evidencia fallas estructurales en los mecanismos de control de un área sensible del Estado que administra recursos destinados a sectores vulnerables. Por eso, además de las bajas administrativas, la intervención y la auditoría buscan establecer responsabilidades administrativas y, si corresponde, penales.

La auditoría integral de la Andis, con participación de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) como órgano de control externo, se inició en septiembre y, conforme a los plazos legales, podría concluir antes de finalizar el primer trimestre de 2026. El examen abarca la gestión de certificados, las Pensiones No Contributivas (PNC) vinculadas a discapacidad y los procesos de compras de medicamentos.

Mientras avanza la revisión, el Ejecutivo sostiene que la depuración de registros y la mejora de los controles son condiciones necesarias para transparentar el sistema, garantizar que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan y evitar maniobras que afecten las cuentas públicas. El caso abrió una instancia de revisión exhaustiva sobre la gestión del área y la necesidad de reforzar los mecanismos de verificación y auditoría interna.