En la Corte del Distrito Sur de Nueva York la jueza Loretta Preska protagonizó una audiencia confrontativa con la defensa argentina en el marco del juicio por la estatización de YPF, que reclama más de US$16.100 millones. El pleito, financiado por Burford Capital tras comprar los derechos de las sociedades vinculadas a la familia Eskenazi, entra en una etapa crítica de discovery ante la insistencia de los demandantes por documentación y comunicaciones internas.

La discusión se centró en la entrega de información sensible: mensajes de funcionarios, detalles de activos y, especialmente, acuerdos de intercambio de monedas (swaps) con China. La defensa argentina sostuvo que ciertos documentos fueron suscriptos por el Banco Central (BCRA) y que, por su autonomía, no estarían bajo control directo del Ejecutivo. Preska rechazó esa explicación con dureza e ironía, cuestionando la verosimilitud de que la “República” no tenga acceso a contratos firmados en su nombre y ordenó a la defensa gestionar un pedido formal al BCRA.

La jueza fijó plazos estrictos y reiteró su escepticismo ante argumentos técnicos que, a su juicio, buscan dilatar el proceso. Impuso como límite el 10 de enero para la producción de documentación de quienes hubieran dado su consentimiento y advirtió que la Corte no aceptará excusas operativas si el impacto práctico es reducido. Además, Preska censuró la presentación tardía de escritos por parte de la defensa y recriminó intentos de desviar el foco del discovery hacia debates sobre la teoría de “alter ego”.

El caso tiene otros frentes: la Argentina apela la condena y la orden de transferencia del 51% de acciones de YPF, con la expectativa de que la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito revierta la decisión; no se descarta que la disputa llegue finalmente a la Corte Suprema de Estados Unidos. En lo inmediato, la tensión entre la magistrada y la delegación argentina marca un ritmo acelerado en la fase de pruebas, con posibles implicaciones para medidas de ejecución y embargos sobre activos argentinos.

El resultado de esta etapa de intercambio de pruebas será clave para determinar la viabilidad de cobro de la millonaria condena y el alcance que pueden tener arrepentimientos procesales y recursos en instancias superiores.