El proyecto que propone modificar la Ley de Glaciares obtuvo dictamen en comisiones del Senado tras una extensa jornada de debate que reunió a representantes del Gobierno, gobernadores provinciales, científicos, organizaciones ambientales y representantes del sector minero. Las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Ambiente y Desarrollo Sustentable aprobaron el dictamen, y el texto será sometido a votación en el recinto el 10 de febrero.
La sesión plenaria, celebrada el jueves y presidida por los senadores Flavio Fama (UCR) y Edith Terenzi (Despierta Chubut), contó con la participación de los gobernadores de San Juan, Manuel Orrego, y de Catamarca, Raúl Jalil. Orrego subrayó la intención provincial de proteger las zonas periglaciales que funcionen como reservas de agua estratégicas, y reclamó una ley de presupuestos mínimos que garantice una aplicación clara y efectiva. Jalil, en tanto, destacó el impacto social y económico de la minería en su provincia, mencionando la generación de empleo formal —con cerca de 3.000 puestos directos y otros 5.000 relacionados— y solicitó medir con rigor los efectos de cualquier modificación legal.
Desde el sector empresarial, Alfredo Vitaller, de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), afirmó que la industria respalda la protección de glaciares que actúen como reservas hídricas estratégicas y señaló que la normativa vigente presenta imperfecciones que generan incertidumbre jurídica. Manuel Benítez, de la Cámara Argentina de Proveedores Mineros (CAPMIN), defendió la minería como motor del desarrollo y planteó la necesidad de una minería consciente y responsable en el marco de la transición energética.
En el plano científico, Pablo Villagra, del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), resaltó la importancia del Inventario Nacional de Glaciares, instrumento que la reforma busca poner en mayor relieve para orientar la protección y las decisiones de manejo de estas zonas.
Por el contrario, organizaciones ambientales manifestaron objeciones contundentes al proyecto. Representantes de organizaciones como la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Aves Argentinas, Greenpeace y el Círculo de Políticas Ambientales alertaron sobre cambios normativos que, según su postura, podrían reducir la protección actual y reclamaron mayor participación pública en el tratamiento legislativo. Andrés Nápoli (FARN) señaló que la reforma introduce modificaciones “por vía de la interpretación” y advirtió sobre la necesidad de actualizar y robustecer la protección en un contexto de agravamiento del cambio climático.
En el plano jurídico, Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, criticó el procedimiento del tratamiento al calificarlo como un proceso apresurado y aseguró que la reforma podría generar mayor incertidumbre jurídica y riesgos para la protección integral de los glaciares.
La discusión parlamentar combina dos ejes centrales: la protección ambiental de glaciares y periglaciares, considerados reservorios hídricos estratégicos, y la necesidad de ofrecer certezas normativas para el desarrollo de la actividad minera que, en algunas provincias, representa una fuente relevante de empleo y actividad económica. El dictamen aprobado en comisiones delimita el avance del proyecto hacia la sesión en el recinto, donde se espera un debate ajustado entre diputados y senadores sobre el alcance de las modificaciones propuestas.
La fecha de tratamiento, programada para el 10 de febrero, será clave para determinar el rumbo final de la iniciativa y la posible sanción de cambios en la Ley de Glaciares. La votación pondrá en tensión las demandas de comunidades y organizaciones ambientales por una protección amplia de los recursos hídricos frente a los reclamos de gobernadores y representantes del sector minero por reglas más claras que permitan inversiones y generación de empleo.
En las próximas semanas, la atención se centrará en el intercambio de pruebas técnicas, los dictámenes complementarios y las negociaciones políticas que definirán si la reforma incorpora salvaguardas adicionales para las reservas de agua y mecanismos de participación pública, o si prioriza la certeza jurídica y condiciones para la actividad minera. Sea cual sea el resultado, la discusión vuelve a poner en primer plano el equilibrio entre protección ambiental, seguridad hídrica y desarrollo económico en regiones con presencia minera.
