La aprobación en general del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados obtuvo una media sanción con sabor agridulce para el Gobierno: mientras avanzó el proyecto, los legisladores rechazaron el Capítulo 11, que incluía la derogación del financiamiento universitario, la anulación del proyecto de discapacidad, recortes a subsidios energéticos en zona fría, el pago de compensaciones a CAMMESA y la transferencia de la cuota de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires. Ese rechazo dejó al descubierto una errónea estrategia parlamentaria del oficialismo al votar por capítulos completos en lugar de artículo por artículo, lo que permitió que muchos diputados rechazaran el paquete sin quedar expuestos en votaciones individuales.

La derrota parlamentaria desató internas: desde la Casa Rosada señalaron fallas en la operatoria política, apuntando a los armadores del gobierno, incluidos el jefe de Gabinete y el ministro del Interior, así como a la conducción del bloque oficialista. Además, el malestar se extendió hacia un grupo de gobernadores afines que en las últimas semanas recibieron partidas discrecionales (ATN), lo que complica las relaciones internas de la coalición.

En términos fiscales, el rechazo del capítulo altera el equilibrio planteado por el Ejecutivo. La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que la ley de financiamiento universitario implicaría un gasto equivalente a 0,3% del PIB y la normativa de discapacidad 0,5% del PIB. El Gobierno sostiene que ya otorgó aumentos en ambos sectores y por eso quería derogarlos; la negativa mantiene esos gastos y preserva la actualización de asignaciones a la par de la inflación, evitando la discrecionalidad que permitiría licuar ingresos.

El impacto principal es político: la votación exhibe limitaciones para imponer la agenda económica y puede transmitir señales de fragilidad a los mercados. El Ejecutivo necesita que el presupuesto quede sancionado antes de que termine 2025 para dar certidumbre sobre el rumbo de las cuentas públicas y la capacidad de pago de la deuda. Es poco probable que los gobernadores que votaron en contra retrotraigan su posición en el Senado; si se intentara reponer el capítulo rechazado, el proyecto debería volver a Diputados y su sanción podría demorarse hasta la reanudación de sesiones extraordinarias en enero o febrero.

Frente a este escenario, el Gobierno analiza continuar con el trámite en la Cámara Alta y, paralelamente, recurrir a vías judiciales y administrativas para limitar los aumentos que implican las leyes confirmadas. La próxima gran disputa será la reforma laboral, donde la presión sindical y la influencia de los gobernadores podrían complicar aún más la ejecución de la agenda oficial.

Para minimizar el daño político, la mesa de coordinación del Gobierno emitió un comunicado resaltando la importancia del Presupuesto como herramienta para garantizar el equilibrio fiscal, ordenar las cuentas públicas e impulsar la estabilidad económica, insistiendo en que el Senado debe avanzar en la misma dirección para permitir la discusión de reformas estructurales. No obstante, la media sanción con el rechazo del Capítulo 11 deja al oficialismo con un desafío inmediato: recuperar capacidad de gestión legislativa en pleno año preelectoral para poder avanzar con las reformas necesarias y dar señales de previsibilidad a los mercados y a los actores económicos.