El gobierno nacional intervino la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) a raíz de irregularidades detectadas en la base de beneficiarios del Certificado Único de Discapacidad (CUD). Alejandro Vilches, médico sanitarista, fue designado interventor y, tras un cruce de datos con el Registro Nacional de las Personas (Renaper), se identificaron 178.000 CUD que corresponden a personas fallecidas.

La detección se produjo mediante el cotejo de la base de datos de Andis con registros civiles, lo que permitió localizar beneficiarios cuyos datos no coinciden con el estado actual de las personas. Ante estas inconsistencias, el Ejecutivo aseguró que se procederá a la baja de los certificados de quienes figuren como fallecidos y que se evaluarán acciones legales contra quienes hayan cobrado prestaciones indebidamente. También se investigará a los prestadores que continuaron facturando por servicios que no se brindaron.

El Certificado Único de Discapacidad es un documento público y gratuito que acredita la condición de discapacidad y habilita el acceso a prestaciones de salud, transporte gratuito, asignaciones familiares y otros derechos en todo el país. El trámite se realiza mediante evaluación por una Junta Interdisciplinaria y no tiene una fecha fija de vencimiento; en cambio, exige períodos de actualización que actualmente se encuentran prorrogados.

El ministro de Salud, Mario Lugones, ordenó una auditoría en colaboración con la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) para determinar el alcance de las irregularidades en el organismo. El análisis pondrá especial foco en la gestión de las Pensiones No Contributivas (PNC) y en los procesos de compra de medicamentos. La auditoría se inició en septiembre del año pasado y, aunque su plazo legal es de seis meses, fuentes oficiales indicaron que podría concluir antes de terminar el primer trimestre de 2026.

La intervención llega en un contexto de crisis en el área de discapacidad: además de las irregularidades administrativas, el sector enfrenta problemas de financiamiento y la difusión de audios polémicos que involucraron a exfuncionarios. La falta de respuestas concretas por parte del organismo y la continuidad de reclamos llevaron a organizaciones y familiares a mantener protestas y movilizaciones que exigen soluciones inmediatas.

Las medidas anunciadas por el Ejecutivo incluyen la baja de los certificados detectados como irregulares, la posible persecución judicial de quienes hayan recibido beneficios indebidamente y la revisión de contratos y pagos a prestadores. Las autoridades sostienen que el objetivo es recuperar recursos públicos y restablecer la transparencia en la gestión de prestaciones y pensiones relacionadas con la discapacidad.

En las próximas semanas, la auditoría y las acciones administrativas determinarán el alcance final de las irregularidades y las responsabilidades administrativas y penales que puedan derivarse. Mientras tanto, distintas organizaciones del sector continuarán reclamando mejoras en la atención, financiamiento sostenido y respuestas claras para garantizar los derechos de las personas con discapacidad.