Un cruce público entre el intendente de Lanús y el ministro de Economía reavivó el debate sobre las tasas municipales aplicadas a distintas actividades, con especial foco en la alícuota aplicada a las compras en hipermercados. Según el relevamiento oficial disponible en el portal de Transparencia Tributaria Municipal, Lanús encabeza la nómina con la alícuota más alta sobre Ingresos Brutos para ese rubro, con un 6%. Le siguen Pilar (4,5%) y Quilmes (3,74%).

La disputa escaló en redes sociales cuando el ministro cuestionó a autoridades locales por gravar a los supermercados, acusando que parte de la administración municipal favorece intereses propios en detrimento de los sectores más vulnerables. En respuesta, el jefe comunal de Lanús defendió la política tributaria de su distrito y replicó con fuertes críticas a la gestión económica nacional, señalando que las políticas de los últimos dos años aumentaron la demanda de asistencia alimentaria en barrios y cuestionando la responsabilidad del Estado central frente a la fuga de divisas.

Más allá del intercambio directo entre ambos funcionarios, la discusión forma parte de un conflicto más amplio: desde el año pasado varios municipios bonaerenses, ante la caída de recaudación, aplicaron aumentos o nuevas tasas en rubros como hipermercados, combustibles y entidades financieras. La cartera de Economía retomó la ofensiva pública contra esas cargas y publicó el portal de Transparencia Tributaria Municipal, que expone las diferencias de presión fiscal entre distritos y detalla bases imponibles, alícuotas, rangos máximos y mínimos, montos fijos y esquemas mixtos.

El análisis del sitio oficial refleja marcadas disparidades. En el sector financiero, por ejemplo, varios municipios aplican alícuotas que superan el promedio provincial y combinan mínimos elevados y cargos adicionales (por cajeros automáticos, superficie, personal o ubicación), lo que encarece el costo del crédito y las transacciones bancarias. La Matanza y La Plata figuran con alícuotas del 7,5% sobre la suma de cuentas de resultado; Quilmes alcanza el 5,25%; mientras que Lanús y San Isidro aplican un 4%, además de esquemas con montos fijos y variables que elevan la carga efectiva.

Otro episodio reciente generó polémica en Pilar, donde el municipio modificó la llamada “Tasa de Protección Ambiental”: a partir del 15 de diciembre pasó de un monto fijo por módulo a gravarse por cada operación con una alícuota del 2%. La medida provocó denuncias y la reacción inmediata de actores políticos y cámaras del sector supermercadista, que advirtieron sobre el efecto en los precios y en la cadena de abastecimiento.

La tasa de mantenimiento vial aplicada a la venta de combustibles es otro punto conflictivo. Mientras numerosos distritos cobran alícuotas del orden del 2% al 3% por litro expendido, otros optan por montos fijos por unidad que elevan de manera significativa la carga efectiva. Distritos como José C. Paz, General Rodríguez, Junín y San Fernando registran valores por litro muy por encima del promedio provincial, con impacto directo en costos logísticos y de traslado.

Las tensiones reflejan dos problemáticas centrales: la presión fiscal diferencial entre municipios —que genera distorsiones competitivas entre distritos y sectores económicos— y el efecto sobre consumidores y cadenas productivas. Desde el sector empresario, las cámaras de supermercados plantean que impuestos y tasas adicionales repercuten en precios y en la rentabilidad del negocio, y han convocado a estrategias de visibilidad pública contra medidas municipales que consideran “irresponsables”.

Los defensores de las tasas municipales argumentan que se trata de recursos locales necesarios para sostener servicios, obras y programas sociales en contextos de menor recaudación nacional y provincial. En tanto, críticos advierten que la acumulación de tasas y cargos puede trasladarse a precios al consumidor y afectar la inversión y el empleo.

En lo inmediato, la polémica aviva la agenda fiscal entre Nación y municipios: se esperan nuevas rondas de diálogo político y técnico, y el seguimiento del impacto real de las alícuotas sobre precios, consumo y actividad económica. La herramienta de Transparencia Tributaria Municipal funcionará como referencia para comparar los distintos esquemas y nutrir la discusión pública sobre cómo equilibrar la autonomía fiscal local con la necesidad de no sobrecargar a consumidores y sectores productivos.

En síntesis, el cruce entre el intendente de Lanús y el ministro de Economía puso en el centro del debate la presión fiscal municipal sobre hipermercados y otros rubros, mostrando diferencias relevantes entre distritos bonaerenses y la necesidad de acuerdos para evitar efectos negativos sobre precios, empleo y acceso a bienes y servicios.