El Gobierno nacional anunció una nueva regulación para endurecer los controles sobre las importaciones de ropa usada, una operatoria que se multiplicó por 40 en los primeros ocho meses de 2025 respecto de 2024. La iniciativa, impulsada desde la Subsecretaría de Comercio Exterior y motivada por advertencias del Ministerio de Salud, introduce requisitos documentales adicionales para las posiciones arancelarias 6309.00.10 y 6309.00.90.

Entre las medidas figura la exigencia de un nuevo formulario denominado AUTO-ROPA-USADA al momento del registro de destinaciones aduaneras, que se sumará al certificado de desinfección ya requerido. El objetivo oficial es evaluar y mitigar posibles impactos en materia ambiental y riesgos para la salud pública, específicamente en poblaciones vulnerables como bebés, niños, adultos mayores y personas inmunocomprometidas.

Funcionarios que participaron del diseño de la norma advierten que la regulación busca restringir de forma efectiva la operatoria sin imponer una prohibición absoluta, una decisión que responde también a consideraciones de política comercial del Gobierno. Se espera que los nuevos trámites complejicen la importación y provoquen una caída significativa del volumen de ingresos de mercadería de segunda mano.

La mayoría de los envíos proviene de Estados Unidos, impulsada por regulaciones ambientales y costos crecientes de destrucción que desincentivan la incineración. Los bultos suelen llegar agrupados en fardos de 25 a 50 kilos, muchas veces clasificados por tipo de prenda o incluso por marcas, y luego se comercializan a través de plataformas y redes sociales.

El anuncio se produce tras reclamos de cámaras del sector textil e indumentaria, que alertaron sobre la competencia que representan estas importaciones para la producción local. Los industriales señalaron además efectos ambientales: grandes volúmenes de mercadería degradada terminan siendo descartados, generando problemas similares a los observados en otros países de la región.

El endurecimiento coincidió con datos oficiales que muestran la fuerte crisis del sector manufacturero: según el Indec, en octubre pasado las fábricas textiles operaron al 33% de su capacidad instalada, el nivel más bajo del conjunto industrial. Empresarios atribuyen la caída a una “doble presión” por la contracción del mercado interno y una apertura comercial que dificulta la competitividad local ante costos laborales y fiscales elevados, infraestructura insuficiente y tipo de cambio apreciado.

La nueva regulación quedó formalizada en comunicaciones internas de la Aduana y prevé controles más estrictos en el despacho de las posiciones arancelarias mencionadas. Fuentes gubernamentales esperan que la exigencia del formulario AUTO-ROPA-USADA y otros requisitos vinculados a salud y ambiente reduzcan de manera sensible la llegada de prendas usadas, al encarecer y complicar los trámites.

En suma, la medida persigue frenar el ingreso masivo de ropa usada por motivos sanitarios y ambientales y aliviar la presión sobre la industria textil local, mientras evita una prohibición que podría chocar con la postura oficial sobre el comercio exterior.