La Justicia imputó a dos empresarios cercanos a Juan Sebastián Verón por presunto lavado de dinero, en una investigación que nuevamente sacude al fútbol argentino. La fiscalía a cargo de Emilio Guerberoff, de la Fiscalía N°3 en lo Penal Económico, avanzó sobre las maniobras financieras de Foster Gillet y Guillermo Tofoni, tras una denuncia inicial presentada en marzo por el fiscal federal Guillermo Marijuán.

La causa investiga operaciones vinculadas al mercado de pases, con especial atención en transferencias que habrían presentado irregularidades en el origen y la movilidad de los fondos. Entre los casos más relevantes figura la compra de Cristian Medina a Boca, una transferencia que sufrió demoras por la imposibilidad de concretar un giro de 15 millones de dólares. También están bajo observación las negociaciones por Rodrigo Villagra, Valentín Gómez y Ezequiel Piovi, todos vinculados al mismo grupo empresarial. La Justicia ya citó a declarar a jugadores y representantes implicados.

La hipótesis de los investigadores apunta a un esquema de triangulación financiera: fondos que habrían circulado entre Europa, Uruguay y Argentina a través de estructuras societarias sin claridad sobre su origen. Foster Gillet, quien compró el club uruguayo Rampla Juniors —entonces afectado por una fuerte crisis deportiva y administrativa—, habría utilizado esa estructura como vehículo para mover dinero. Ese entramado también habría frustrado el desembarco prometido de capitales en Estudiantes: Gillet había ofrecido una inyección de 150 millones de dólares en distintas cuotas, pero la operación no avanzó porque no pudo justificarse el origen de los fondos.

La imputación se produce en un contexto de tensión institucional en el fútbol argentino, donde la conducción de la AFA atraviesa por problemas judiciales que aumentan la incertidumbre sobre el manejo económico y la llegada de inversiones privadas. El expediente recupera además la investigación inicial sobre irregularidades detectadas en los pases del mercado de verano y amplía el foco hacia la operatoria financiera detrás de varias transferencias.

Los trascendidos sobre la causa incluyen la citación de agentes, intermediarios y representantes, y la cooperación internacional para rastrear movimientos entre jurisdicciones. La causa podría derivar en medidas cautelares sobre activos y sociedades vinculadas a los empresarios investigados, dependiendo de los resultados de la investigación y del avance de las pruebas contables y financieras.

Impacto y próximas etapas

Si la investigación confirma maniobras de lavado, las consecuencias podrían afectar no solo a los imputados sino también al modelo de inversiones privadas en clubes argentinos, en especial a proyectos basados en capitales externos. La causa tensiona además relaciones entre dirigentes, clubes y empresarios que promovían mecanismos de financiamiento alternativo para el fútbol local.

La fiscalía continuará recabando documentación, convocando a testigos y solicitando informes bancarios y societarios nacionales e internacionales. En los próximos días se esperan nuevas citaciones y posibles medidas judiciales que clarifiquen la real dimensión del esquema financiero que investiga el fuero penal económico.

En síntesis, la imputación contra Foster Gillet y Guillermo Tofoni por presunto lavado de dinero reabre el debate sobre la transparencia en las transferencias y el rol de las inversiones privadas en el fútbol argentino, con efectos potenciales sobre clubes, jugadores y el mercado de pases.